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La nueva Ley de Contratos del Sector Público establece una reserva de contratos en favor de centros especiales de empleo del 7 al 10 por ciento

La nueva Ley de Contratos del Sector Público establece una reserva de contratos en favor de centros especiales de empleo del 7 al 10 por ciento

11 Septiembre 2017 · CERMI · 0 comentarios

El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Congreso de los diputados y pendiente del trámite del Senado, establece una reserva de contratos públicos en el ámbito de la Administración General del Estado en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción.

Pareja mirando ofertas de empleo

El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Congreso de los diputados y pendiente del trámite del Senado, establece una reserva de contratos públicos en el ámbito de la Administración General del Estado en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción del 7 %, inicialmente, y del 10 % transcurrido un plazo de 4 años desde la entrada en vigor de esta norma legal.

El porcentaje concreto de reserva de contratos se difiere a la aprobación de un acuerdo del Consejo de Ministros en esta materia, que si no se materializa en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, será del 7 %, al inicio, y del 10 %, en el plazo señalado de 4 años por defecto.

Como novedad, la nueva Ley de Contratos circunscribe la reserva de licitaciones públicas solo a los centros especiales de empleo de iniciativa social, categoría legal no existente hasta ahora, y que queda configurada en el texto mediante la oportuna modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que regula con carácter general los centros especiales de empleo en nuestra legislación.

El proyecto de Ley aprobado por el Congreso, y que continuará su tramitación en el Senado pasado el periodo de vacaciones estivales, recoge estas propuestas planteadas por el CERMI en materia de cláusulas sociales, accesibilidad universal y concertación social, que refuerzan la dimensión social de la contratación pública.

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