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Incentivos a la contratación

Incentivos a la contratación

En esta ficha se tratarán posibles dudas acerca de los incentivos a la contratación de trabajadores con discapacidad, según marca la ley 43/2006, de 29 de diciembre. Aquí se muestran las preguntas y respuestas más habituales sobre los Incentivos a la contratación.


¿Qué ventajas otorga la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, a quien contrate a una persona discapacitada mediante un contrato indefinido?

El artículo. 2.2. de la Ley habla de:

  • Una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, de su equivalente diario por trabajador contratado, de 375 euros/mes (4500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato. La misma bonificación se disfrutará en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo celebrados con personas con discapacidad, o de transformación en indefinidos de contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.
  • La bonificación se incrementará hasta 425 euros/mes (5100 euros/año) si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:
    • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100.
    • Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por 100.
  • Si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda se incrementará, respectivamente, en 100 euros/mes (1200 euros/año) o en 70,83 euros/mes (850 euros/año), sin que tales incrementos sean compatibles entre sí.
    A mayor abundamiento, la Ley ha introducido dos modificaciones fundamentales en la regulación del Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida, recogida en la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. Así:
    • Se ha ampliado el ámbito de aplicación de este tipo contractual, permitiendo su utilización para la contratación de trabajadores que, en la fecha de celebración del mismo, estuvieran empleados en la misma empresa mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los contratos formativos, celebrado con anterioridad al 31 de diciembre de 2007 (Art. 10 de la Ley).
    • Por otra parte, se reducen las cotizaciones empresariales por contratos indefinidos en relación con la contingencia por desempleo. Así, se ha modificado el número 2 del apartado 9 del artículo 110 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 (BOE de 30 de diciembre de 2005),  dejando la cotización correspondiente en el 7,30 por ciento - del que el 5,75 por ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador - tanto en el caso de contratos indefinidos, incluidos los contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, como en el supuesto de contratos de duración determinada realizados con trabajadores con discapacidad, cualquiera que sea la modalidad utilizada (Art. 11 de la Ley).

¿Qué ventajas otorga la Ley en el supuesto de que una persona con discapacidad sea contratada mediante en contrato temporal?

En este supuesto el empleador tendrá derecho a:

  • Una bonificación de 291,66 euros/mes (3500 euros/año) durante toda la vigencia del contrato.
  • La bonificación se elevará hasta los 341,66 euros/mes (4.100 euros/año) si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes:
    • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100.
    • Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por 100.

Si el trabajador tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o si se trata de una mujer, la bonificación que corresponda se incrementará, en ambos supuestos, en 50 euros/mes (600 euros/año), siendo tales incrementos compatibles entre sí.

 

¿Qué es el Contrato Temporal de Fomento del Empleo y qué peculiaridades presenta respecto de las personas con discapacidad?

En relación con la utilización del Contrato Temporal de Fomento del Empleo, dispone la Disposición Adicional Primera de la Ley que las empresas podrán contratar temporalmente para la realización de sus actividades, cualquiera que fuere la naturaleza de las mismas, a trabajadores con discapacidad desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento o a pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

La duración de estos contratos no podrá ser inferior a doce meses ni superior a tres años; si se conciertan por un plazo inferior a ese límite máximo podrán prorrogarse por períodos no inferiores a doce meses.

A la terminación del contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica equivalente a doce días de salario por año de servicio.

No podrán hacer uso de este tipo de contratos las empresas que en los doce meses anteriores a la contratación hayan extinguido contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo, computándose dicho plazo a partir del reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo.

A estos contratos les será de aplicación la subvención establecida en el artículo 12 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores con discapacidad destinada a la adaptación de los puestos de trabajo o dotación de equipos de protección personal necesarios para evitar accidentes laborales al trabajador con discapacidad  contratado o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de los trabajadores con discapacidad.

Por otra parte, la transformación de este tipo de contratos en contratos indefinidos dará derecho a la obtención de las subvenciones establecidas en el referido Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, en cuyo artículo 7  se apunta una subvención de 3.907 euros por cada trabajador discapacitado contratado de forma indefinida y a tiempo completo.

 

¿Qué otras mejoras se han introducido en la normativa laboral para fomentar la contratación temporal de personas con discapacidad?

El Estatuto de los Trabajadores ha quedado modificado, en lo que a la inserción laboral de personas con discapacida se refiere, en el siguiente sentido:

  • El límite máximo de edad para celebrar un contrato de formación establecido en el artículo 11.2.a) del Estatuto, es decir, 21 años – que se amplía hasta los 24 cuando el contrato se concierta con desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios - no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad desempleadas (Art. 12.1. de la Ley).
  • En cuanto a los contratos en prácticas, regulados en la Disposición Adicional Segunda, apartado 1, del Estatuto, las empresas que los celebren con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una reducción, durante la vigencia del contrato, del 50 por 100 de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a contingencias comunes (Art. 12.12. de la Ley).

¿Se aplican también las ventajas aludidas en el caso de contratación de personas con discapacidad por Centros Especiales de Empleo?

En el caso de contratación de trabajadores con discapacidad por un Centro Especial de Empleo, ya sea mediante un contrato indefinido o temporal, incluidos los contratos formativos, las bonificaciones a aplicar serán del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta. La misma bonificación se disfrutará por los centros especiales de empleo en el supuesto de transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento de empleo de personas con discapacidad o de transformación en indefinidos de los contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad.

En lo que a los centros especiales de empleo de titularidad pública se refiere, la bonificación se aplicará igualmente en el caso de contratación de trabajadores con discapacidad en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 1 de la Ley.

Tal bonificación, según establece la Disposición Transitoria Primera, apartado cuarto, de la Ley, podrá aplicarse a los contratos de trabajo celebrados por los centros especiales de empleo, cualquiera que sea su titularidad, con trabajadores con discapacidad, entre el 1 de julio de 2006 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley (31 de diciembre de 2006), siempre que reúnan los requisitos que se apuntan más adelante.

Este sistema de bonificación mediante porcentajes de las cotizaciones sociales por la contratación de personas con discapacidad por los centros especiales de empleo será de aplicación, según establece la Disposición Final Cuarta de la Ley, en tanto no se adopte otra decisión al respecto, previa evaluación del funcionamiento de las medidas que configuran el conjunto de las políticas de empleo de las personas con discapacidad por parte del Gobierno y de las Organizaciones sindicales y empresariales más representativas, incluidas las organizaciones del sector de la discapacidad, evaluación sobre la que el Consejo Nacional de la Discapacidad habrá de emitir un informe.

Finalmente, conviene poner de manifiesto que, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley, los contratos que concierten los centros especiales de empleo con trabajadores con discapacidad a los que sea aplicable el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas con discapacidad que trabajen en los centros especiales de empleo deberán ajustarse a cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral, de acuerdo con los requisitos establecidos en cada caso.

 

¿Qué requisitos exige la Ley para poder disfrutar de estas ventajas?

Para tener derecho a los beneficios que se vienen refiriendo los trabajadores con discapacidad deberán tener un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o la específicamente establecida en cada caso. Se considerarán también incluidos los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, así como los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad  (Art. 2.2.5 de la Ley).

 

¿Qué circunstancias impiden la aplicación de dichas ventajas?

A tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley no se podrán considerar las ventajas que se vienen apuntado cuando:

  • El contrato se celebre con un trabajador que en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la contratación hubiese prestado servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido.
  • El trabajador haya finalizado su relación laboral de carácter indefinido en otra empresa en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato, salvo que la finalización del contrato sea por despido reconocido o declarado improcedente, o por despido colectivo. Esta exclusión no se aplicará en el supuesto de incorporación a las empresas colaboradoras de los trabajadores con discapacidad procedentes de enclaves laborales, regulados en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
  • La empresa contratante haya extinguido o extinga contratos bonificados por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo, durante un periodo de doce meses - se contará a partir del reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo - y para un número de contratos igual al de las extinciones producidas.

Sí se aplicarán las ventajas referidas en el supuesto de trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en un centro especial de empleo, a pesar de constituir una relación laboral de carácter especial prevista en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores.

 

¿Cuál es la cuantía máxima prevista para las bonificaciones reguladas por la Ley?

Según dispone el artículo 7 de la Ley, las bonificaciones previstas no podrán, en concurrencia con otras medidas de apoyo público establecidas para la misma finalidad, superar el 60 por 100 del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica, salvo en el caso de los trabajadores con discapacidad contratados por los centros especiales de empleo, en que se estará a lo establecido en la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones destinadas a la integración laboral de las personas con discapacidad en estos Centros; en concreto, habrá que considerar la regulación contenida en la Orden de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

 

¿Qué es la Estrategia Global de Empleo para personas con discapacidad a la que se refiere la Ley?

Según establece la Disposición Adicional Duodécima de la Ley, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, es decir, antes del 30 de junio de 2007, el Gobierno, previas consultas con los interlocutores sociales y con las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, aprobará una Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad 2007-2008, que contendrá un repertorio, con su correspondiente calendario de iniciativas y medidas normativas, programáticas y presupuestarias, dirigidas a promover el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad y su integración laboral.

El objetivo preferente de tal Estrategia será el de disminuir los índices de desempleo y elevar las tasas de actividad de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres con discapacidad, y aquellas otras personas que por su discapacidad presentan dificultades severas de acceso al mercado de trabajo.

 

¿Qué ventajas prevé la Ley para el caso de personas con discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia?

La Disposición Final Sexta de la Ley modifica la Disposición Adicional Undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, con el objeto de aplicar a las personas discapacitadas que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos una bonificación del 50 por 100 de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo vigente en cada momento en el mencionado Régimen, y esto durante los cinco años siguientes a la fecha de alta.

En el año 2015 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Para mayor información sobre las condiciones de los incentivos, exclusiones y requisitos de los beneficiarios de los incentivos indicados en este documento, debe consultarse la legislación correspondiente a los mismos.

Enlaces destacados

Beneficios en la cotización a la Seguridad Social por incentivos a la contratación o a la actividad autónoma y otras peculiaridades de cotización NIPO: 795-11-010-7 (Actualizado a 14 de abril de 2016)

Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. (Publicado en el Boletín Oficial del Estado del 10 de septiembre de 2015)