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El Consejo de Ministros aprobó el pasado lunes el proyecto de Ley en Materia de Requisitos de Accesibilidad de Determinados Productos y Servicios, que obligará a que los libros electrónicos, los cajeros automáticos y el teléfono 112, entre otros, sean totalmente accesibles para personas con discapacidad.
Proyecto de Ley en Materia de Requisitos de Accesibilidad de Determinados Productos y Servicios
Así lo anunció en rueda de prensa la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras aclarar que la norma traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019.
Conocida como Acta Europea de Accesibilidad, la citada directiva establecía unos nuevos requisitos mínimos de accesibilidad en toda la UE para una serie de productos y servicios a disposición del público, con el objetivo de proteger el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior en igualdad de condiciones.
Para el Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de la norma, resulta “imprescindible blindar la accesibilidad en las leyes, a fin de que las personas con discapacidad no sean expulsadas al realizar actividades cotidianas como usar un datáfono o reservar un vuelo por Internet”.
Una vez aprobada y en vigor, productos tales como las máquinas de facturación, los terminales de autoservicio interactivos que faciliten información, los terminales de gestión de turno o los lectores electrónicos deberán ser plenamente accesibles.
También tendrán que serlo las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, sus terminales de servicio interactivos (situados en estaciones de tren, aeropuertos, puertos, etc.), los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónico.
Emergencias 112
La nueva directiva establece que el teléfono de emergencia 112 será accesible en toda la Unión Europea, algo que no sucede en la actualidad. Las personas con discapacidad, particularmente las personas sordas, experimentan de hecho bastantes dificultades en el uso y acceso a los servicios de emergencia a través del 112.
En este sentido, en ningún caso será necesario un registro o procedimiento previo para que las personas con discapacidad obtengan respuesta a las comunicaciones con el número único europeo de emergencia 112, aclaran desde el ministerio.
Estos estándares comunes protegen el derecho de circulación sin discriminación de todas las personas, asegurando así una mayor autonomía de las personas con discapacidad.
Según el ministerio, España es de los pocos países que "ha apostado por una transposición integral la Directiva 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos", dotándola de rango de ley. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 indicó que busca proteger a las personas con discapacidad como clientas, consumidoras y usuarias, y "catalizar cambios sociales para eliminar barreras en la cotidianeidad".
Derechos Sociales está ultimando también un Real Decreto Ley de Accesibilidad que ampliará servicios y productos que actualmente no se encuentran recogidos en esta directiva.
“Aprobando un real decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, este ministerio irá más allá de los compromisos europeos, lo que permite ser más garantistas y llegar más lejos de lo que plantea la propia directiva”, declaró el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
“Debemos eliminar cualquier discriminación en las actividades cotidianas, como ir a un concierto, contactar con los servicios de atención a la ciudadanía o contratar una hipoteca, ya que es en este tipo de actividades donde verdaderamente se mide el grado de inclusión y de progreso de cualquier país”, añadió.
Según la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, esta norma “se ha construido con la sociedad civil de la discapacidad, en el marco del máximo órgano de diálogo civil, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad” en el que están representadas. Cuenta también con el consenso de las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales.
Explica que el proyecto de real decreto cumple así con “el compromiso con la accesibilidad universal reflejada en la Estrategia Española de Accesibilidad 2022-2030”, entendida como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
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