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La responsable de Alianzas y Programas Internacionales del Grupo Social ONCE, Natalia Guala, es la única candidata latinoamericana con discapacidad al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el próximo 14 de junio renovará la mitad de sus 18 miembros en el marco de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebrará en Nueva York.
Así lo afirmó la también secretaria técnica del Programa Iberoamericano de Discapacidad en el transcurso de una entrevista con Servimedia en la que explicó que afronta este proceso, en el que compite con otras 12 personas de diferentes países, con “la mayor de las responsabilidades y de los compromisos” y consciente de que se trata de “un privilegio para unas pocas personas en el mundo formar parte de este selecto grupo”.
Natalia Guala, responsable de Alianzas y Programas Internacionales del Grupo Social ONCE
Su candidatura ha sido propuesta por Uruguay, país en el que nació, y que, por primera vez, presenta a un candidato a este comité, y, de lograr su objetivo, su mandato se prolongaría durante cuatro años, desde enero de 2023 hasta diciembre de 2026.
Tras confirmar que, en esta “recta final de campaña”, está “trabajando” con las diferentes misiones ante Naciones Unidas para “recibir el respaldo de la mayor cantidad de países posibles”, estimó que se trata de “un desafío importante”, dado que el comité, integrado por expertos provenientes de 184 países, es “el principal ámbito de orientación y de guía” sobre la Convención, por lo que poder “participar” en él es para Guala “una responsabilidad”.
“Poder llegar allí es un elemento de reconocimiento, pero también de responsabilidad y de compromiso por un trabajo y una labor que son realmente muy relevantes y que pueden transformar la vida de las personas con discapacidad alrededor del mundo”, abundó.
Grupo Social ONCE
En paralelo, admitió que también resulta “importante” para el Grupo Social ONCE “tener una trabajadora que participa en el Comité”. “Además, significa también un reconocimiento a su reputación y trabajo”, apostilló, para aseverar que, “en definitiva, es un elemento de destaque para España, la UE y Latinoamérica”, cuyas “voces” siente que representa.
Como avales a su candidatura, citó el trabajo que lleva a cabo el Grupo Social ONCE con la UE y con Latinoamérica como “regiones principales”, pero también la labor que está “iniciando” con la Unión por el Mediterráneo para desarrollar iniciativas en el ámbito de políticas públicas de discapacidad o “tendentes a incorporar la perspectiva de discapacidad” en países del arco Mediterráneo, tanto del sur de Europa como del norte de África.
En el marco de esta labor de asesoramiento a gobiernos para la implementación de la Convención, destacó el Programa Iberoamericano de la Discapacidad, que consideró una “primera experiencia de cooperación Sur-Sur y triangular” en el ámbito de la discapacidad, que nació en la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y en la que participan nueve países latinoamericanos más Andorra y España.
Esta iniciativa trabaja en diferentes políticas públicas tanto en el ámbito de la estadística, la calidad de la información sobre discapacidad, la certificación y valoración de la discapacidad, el acceso a la justicia, el empleo, la educación, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, además de la mejora en todo aquello que, según Guala, “tiene que ver con la participación de las personas con discapacidad en los ámbitos de política pública que les atañe”.
Programa Iberoamericano de Discapacidad
En esta experiencia, el Grupo Social ONCE realiza todo el asesoramiento y la gestión del programa y ella se encarga de “apoyar” a estos 11 países para “desarrollar esas políticas públicas con una perspectiva de derecho, con base en la Convención y teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible también”. “En definitiva, para avanzar hacia una mejor transformación de las políticas que tengan en cuenta a las personas con discapacidad”, explicó, para puntualizar que se trata de, a través de las políticas públicas, “poder visualizar transformaciones que puedan consolidar el modelo que la Convención nos plantea”.
En este sentido, enfrentó como “un desafío muy interesante” el hecho de poder trasladar esta experiencia a lo largo del Mediterráneo, para trabajar con países tanto de África como de Europa, y poder también compartir la experiencia de la UE en materia de derechos de las personas con discapacidad con países africanos. Todo ello, con el reto de “avanzar en otras regiones en el derecho de las personas con discapacidad” y de que, “independientemente del lugar en el que vivan”, tengan la posibilidad de “desarrollar una vida plena y autónoma” y puedan acceder “a todos los derechos como personas humanas que son” y no “como un privilegio”.
A este respecto, aseveró que participar en el Comité es “un elemento muy, muy importante desde el punto de vista del reconocimiento, de la reputación” para el propio Grupo Social ONCE, así como para España, la UE y América Latina, además de “una oportunidad de seguir avanzando en estos ámbitos”.
Guala se mostró convencida de que, con su participación en dicho Comité, podrá trasladar su experiencia de trabajo con los gobiernos para poder “apoyar y acompañar” a los Estados Partes en esos avances “a nivel internacional y global” y en esos “cambios y transformaciones tan necesarios”, además de “acercar” el valor de la cooperación internacional para poder llevar a cabo su implementación.
Asesoramiento a organismos internacionales
En este punto, también puso en valor su experiencia en el “asesoramiento y acompañamiento” a organismos internacionales como el Banco Mundial o los bancos de desarrollo tanto en América Latina como en Asia o en África, para que puedan “incorporar esa perspectiva de la discapacidad” en la financiación a los Estados en un “círculo virtuoso" en el que, según su criterio, "ganamos todas las personas”.
Entre sus credenciales, también hizo hincapié en su experiencia a la hora de “facilitar ese diálogo y ese acercamiento” entre las “necesidades” de los Estados Partes, la financiación internacional y el movimiento de personas con discapacidad y en su conocimiento del “movimiento global de personas con discapacidad y de las demandas que plantea”, teniendo en cuenta que el sector representa a más del 15% de la población mundial.
Entre sus “aspiraciones”, también está la de someter al debate del Comité los “grandes retos por delante” a los que, según su punto de vista, dicho órgano tiene que “dar respuesta y orientaciones”. Entre ellos, se refirió a cómo “afecta” el cambio climático y cómo “tener en cuenta en la transición” a las personas con discapacidad “para que sea una transición justa” así como a la atención a personas con discapacidad migrantes o que se encuentran en tránsito o son refugiadas.
Todo, con el fin último de “que, efectivamente, nadie se quede atrás” y de que los derechos de las personas con discapacidad, “además de ser la razón de ser de este Comité”, también “sean importantes y sean asunto” de los demás órganos de Naciones Unidas.
Por todos estos motivos, espera contar con el respaldo tanto de los países latinoamericanos, como de España y de la Unión Europea, con el anhelo de que su “acercamiento y acompañamiento” a otros países “también redunde en un reconocimiento” de lo que, como experta en esta área, puede “aportar desde esa nueva posición” en el Comité.
La Convención cumple 15 años
Con respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2023 cumple 15 años desde su entrada en vigor en mayo de 2008, reconoció que se trata de una “convención muy joven y muy innovadora”, porque es “la primera convención de Derechos Humanos en el siglo XXI” y la primera, además, que fue “negociada tanto por los Estados como por el movimiento de personas con discapacidad”.
Tras incidir en que, “por supuesto, aún tenemos mucho que hacer”, defendió que, con su implementación, “se ha avanzado muchísimo”. “Si pensamos que apenas tiene 15 años, hay también importantes avances, como un compromiso a nivel internacional con las personas con discapacidad”, manifestó, para señalar que ya son 184 países los que la han ratificado, un “número muy elevado” que, dijo, se ha logrado “en tiempo casi récord”.
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