· Human Rights Watch
La respuesta de las autoridades ante las olas de calor “no tiene en cuenta a las personas con discapacidad”, según declaró Jonas Bull, investigador sobre discapacidad y derechos de Human Rights Watch, que publicó un informe elaborado a partir de 33 personas con discapacidad, entidades del sector y otras organizaciones de Córdoba y Sevilla, realizado en el verano de 2022.
El informe de Human Rights Watch, es un trabajo que analiza además las medidas puestas en marcha por ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, y concluye que la respuesta de las administraciones públicas no consideró las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Según Bull, la información relevante con recomendaciones y avisos “no es accesible”, puesto que no se ofrece en Braille ni en todos los casos con subtítulos o en lengua de signos, ni tampoco adaptada a lectura fácil.
Sin datos
Señaló que las personas con discapacidad son uno de los colectivos “más sensibles al calor extremo” y que por ello ”consideramos necesario analizar la atención que reciben” en este terreno, en especial ante la previsión de que las olas de calor “en el Sur de Europa serán cada vez más frecuentes”.
Sin embargo, el Instituto de Salud Carlos III, que calcula el exceso de mortalidad debido al calor en España, “no recoge estadísticas desagregadas por discapacidad”, indicó Bull.
Sí establece que el 98% de las 4.600 personas que fallecieron por esta causa en 2022 eran mayores de 65 años, apuntó, y de ahí “deducimos que habría un alto porcentaje de discapacidad”.
Tampoco ofrece datos la Junta de Andalucía, que en el verano de 2022 realizó unas 12.000 llamadas telefónicas a personas de colectivos vulnerables, pero “ignora cuáles de ellas tenían discapacidad”.
Peor salud
Otra de las conclusiones del estudio se refiere a que el calor extremo agrava las enfermedades y los problemas de salud que presentan las personas con discapacidad.
Insomnio, desmayos, bajadas de tensión, retención de líquidos y más infecciones son algunos de los síntomas que las personas entrevistadas relataron. “En ningún caso se consideró este impacto", criticó Bull, a diferencia de lo que sí sucedió con las personas mayores y con quienes vivían en residencias.
Mención a parte merece el tratamiento de la salud mental, que empeora de forma clara con el calor. Muchas personas relataron que “habían aumentado sus episodios de ansiedad y depresión” debido a la falta de sueño, al “temor y a la incertidumbre” que causan las emergencias, así como “al aislamiento en casa durante el día que imponen las altas temperaturas”.
Además, hay que tener en cuenta que algunas de estas personas no disponen de suficientes recursos económicos y que se encuentran en una situación de pobreza energética, por lo que han de tomar decisiones sobre cuándo y dónde usar el aire acondicionado”, explicó.
Por todo ello, Bull recomendó a las autoridades autonómicas, locales y nacionales incluir a las personas con discapacidad como “colectivo específico” de interés en sus planes de respuesta ante el calor extremo y negociar estos con las organizaciones representativas del sector.
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